POLICIALES-MENDOZA
La provincia de Mendoza consolidó una fuerte reducción en los delitos vinculados al robo de cobre y otros metales no ferrosos gracias a la implementación de la Ley 9.447. Durante una nueva reunión del Plan Integral del Cobre, encabezada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, autoridades provinciales, empresas energéticas y cooperativas destacaron los resultados obtenidos y analizaron nuevas estrategias para enfrentar modalidades delictivas emergentes.
Según datos oficiales, los hechos relacionados con la sustracción de cobre disminuyeron un 78,4% entre 2024 y 2025, al pasar de 2.285 a 494 casos. La tendencia se mantiene durante 2026: entre enero y mayo se registraron 244 incidentes, lo que representa una baja del 82% respecto al mismo período de 2024. La normativa permitió establecer controles y trazabilidad sobre la comercialización de metales, uno de los principales mercados vinculados a estos delitos.
Mercedes Rus destacó que la reducción también es percibida por las empresas afectadas. Como ejemplo, mencionó que la Cooperativa Eléctrica del Este informó una disminución superior al 250% en los robos de transformadores respecto del año anterior. Además, remarcó que el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado ha sido clave para validar resultados, detectar nuevas amenazas y adaptar las herramientas de prevención e investigación.
Desde la puesta en marcha del sistema se realizaron 170 allanamientos, se controlaron 83 comercios, fueron detenidas 92 personas y se secuestraron más de 66.800 kilos de materiales vinculados a distintas investigaciones. También se registraron avances judiciales, con condenas efectivas por robo y comercialización ilegal de cobre, además de causas que continúan en proceso.
Las autoridades señalaron que la estrategia incluye controles sobre toda la cadena comercial, capacitación policial especializada y el uso de herramientas tecnológicas como el ciberpatrullaje y la videovigilancia. Representantes de cooperativas y empresas coincidieron en que la disminución de estos delitos ya se refleja en una mejora de los servicios esenciales, ratificando la importancia de mantener la articulación entre el sector público y privado para seguir reduciendo este tipo de hechos.
Con datos del Gobierno de Mendoza
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