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DESARROLLO SOCIAL
La Dirección General de Protección, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la ANSES trabajan para garantizar el pleno acceso de niñas, niños y adolescentes a la Asignación Universal por Hijo (AUH). En una jornada de trabajo en la Legislatura provincial, anunciaron cambios en la normativa para agilizar los trámites administrativos que los adultos responsables a cargo de niñas, niños y adolescentes deben realizar para percibir este beneficio.
Autoridades de la Dirección General de Protección (DGP) y Equipos Territoriales de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) se reunieron durante la mañana del miércoles en la Legislatura provincial a fin de informar cambios en la normativa vigente establecida por ANSES. A través de la misma, el adulto responsable a cargo de un niño, niña o adolescente podrá percibir rápidamente el beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en blanco.
Los primeros convocados para dar a conocer las novedades fueron los coordinadores y coordinadoras de las Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de los 18 departamentos de la provincia, ya que serán estos equipos los encargados de poner en marcha los cambios de tipo administrativo.
En la actualidad, cuando un niño, niña o adolescente no se encuentra por algún motivo bajo el cuidado y protección de sus progenitores, los adultos responsables que ejercen ese rol, trátese de personas del ámbito familiar o comunitario (abuelos, tíos, padrinos etc.), deben activar un trámite administrativo que se denomina “Adenda 63” y que es la “reconversión o cambio de titularidad” de la AUH o SUAF, según corresponda para poder percibir el beneficio.
Hasta hoy, en el caso de los niños, niñas y adolescentes intervenidos por el Estado provincial a través de los ETI, cuando debía solicitarse a la ANSES la aprobación y ejecución de este cambio de titularidad, debía primero remitirse informe social de la situación firmado por un trabajador social en compañía de toda la documentación probatoria a la SENAF. La Secretaría articulará con la ANSES, ambas de la órbita nacional, a fin de obtener la aprobación.
El cambio anunciado radica en que, desde ahora, este informe social junto a un formulario otorgado por la ANSES podrá ser completado y firmado por profesionales de los ETI, sin necesidad de que lo trate de forma excluyente un trabajador social. Así, se elimina un paso administrativo (el pase a SENAF) y se agiliza tiempo y un paso, lo que permite la firma inmediata de los formularios de la ANSES.
De este modo, los equipos de abordaje quedan habilitados en caso de adopción de un Medida de Protección de Derecho con red familiar o comunitaria, al firmar en el mismo momento el formulario de la ANSES con el informe social y la documentación probatoria, a fin de que la Adenda 63 se realice de forma conjunta a la medida.
Medida beneficiosa
Si bien esto pareciera un trámite netamente administrativo, impacta de forma directa al evaluar el éxito de una medida adoptada, en pos de cesar una vulneración de derechos de la que un niño, niña o adolescente pudiera ser víctima. Esto es porque, en muchas ocasiones, existe la voluntad genuina de ejercer el cuidado efectivo de estos, pero existen en los núcleos familiares obstáculos reales de materia económica y precariedad social que impiden que este cuidado y protección puedan efectivizarse plenamente, garantizando derechos a la educación y a la salud.
Desde la DGP celebraron este cambio, poniendo en valor la labor conjunta que se ha realizado con la SENAF: “Estado y Provincia son corresponsables a la hora de hablar de protección y defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes y toda herramienta que venga a fortalecer y agilizar procesos administrativos en función de esa protección es bienvenida”, afirmó la directora de Protección, Promoción y Restitución de Derechos, Daniela Torres.
Siguiendo este lineamiento, Torres detalló a los presentes sobre el programa provincial de Fortalecimiento Familiar, que data de 2011 y apunta a fortalecer las relaciones vinculares de los miembros de la familia. Esto, para garantizar la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en su centro de vida, protegiendo derechos amenazados y restituyendo derechos vulnerados. Ya es rol indelegable del Estado brindar los medios necesarios para que los derechos de NNA, sean protegidos en el ámbito familiar, evitando la institucionalización.
Uno de los objetivos principales de este programa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Deportes, es fortalecer la organización y dinámica del grupo familiar biológico, extenso o comunitario que tiene o asume la responsabilidad del cuidado y atención de niñas/os y adolescentes, con intervención y resolución del sistema de protección. Esto busca garantizar la protección integral de los derechos de los menores en su centro de vida a través de una transferencia temporaria de dinero en el marco de una estrategia de intervención técnica.
Por su parte, los integrantes del equipo territorial de SENAF destacaron la buena predisposición aportada por todos los ETI para trabajar de forma conjunta en pos del bien superior de niños, niñas y adolescentes de la provincia. “Cuando hablamos de la AUH, hablamos de un derecho universal que le asiste a ese niño y estamos obligados a pensarlo justamente como eso, un paradigma de derecho y no un sistema de premios y castigos. En muchos casos, por la inconducta de los adultos responsables, los niños ven amenazados ese derecho, por eso es tan importante la utilización de la Adenda 63 y la confección de informes sociales que permitan a la ANSES evaluar cada situación en particular”, enfatizó Mario Vargas, del SENAF.
Finalmente, se instruyó a los coordinadores y coordinadoras para que, tras la realización del informe social mencionado y el llenado del formulario de ANSES, deban ser entregados a los adultos responsables a cargo del cuidado efectivo de niños, niñas y adolescentes. A su vez, ellos deben presentarse en sede de la ANSES sin turno e informar que se trata de una “actualización de información”, trámite al cual se le dará prioridad y se recibirá en el acto.
Fuente y foto: Gobierno de Mendoza
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